España como país que ha desarrollado unas políticas públicas adecuadas a los tiempos actuales, requiere contar con profesionales que se encarguen de ejecutar las medidas judiciales que imponen los tribunales, ya sean medidas privativas de libertad ejecutadas en establecimientos penitenciarios o medidas alternativas, ejecutadas en distintos servicios públicos, privados o concertados. Así mismo, necesita contar con profesionales que asesoren a los jueces penales a través de informes criminológicos en su toma de decisiones para conocer mejor la situación psicosocial del agresor y las circunstancias que han rodeado el hecho delictivo y la situación de la víctima y el impacto que le ha generado el delito. De igual modo y en materia de lucha contra la delincuencia necesita contar con expertos que asesoren a los cuerpos policiales para desarrollar planes de seguridad ciudadana que sean eficaces en cada localidad concreta. En efecto, la necesidad de atender a las circunstancias específicas que rodean la delincuencia, exige que las entidades locales cuenten entre sus profesionales con criminólogos que vayan aportando información, asesoramiento, intervención y evaluación sobre la realidad delictiva de cada municipio y sobre la eficacia o no de las medidas propuestas por cada gobierno local. También y desde que se aprobara el nuevo estatuto de la víctima, queda todavía más justificado la necesidad de contar con profesionales que sean capaces de atender a las víctimas de delitos y desarrollar estrategias de prevención del delito centrados específicamente en ellas. Por otra parte, es innegable que en un momento de expansión de la mediación penal el criminólogo es el profesional más indicado para promover los acuerdos entre víctima e infractor.